Hechos de actualidad / Prensa
La estabilidad de reglas a largo plazo es la condición para la exploración de riesgo
Las petroleras privadas reclaman a la Argentina un marco como el minero, sin cambios impositivos
No hay ejecutivo petrolero argentino que no proponga, como modelo de marco jurídico para que esta industria siga, la ley nacional de minería. A fines del año pasado, durante un encuentro empresarial en Salta, LA NACION se cruzó con Oscar Vicente, director de la brasileña Petrobras. "¿Qué tiene esa ley minera que tanto los cautiva?", se le preguntó. El ejecutivo fue cortante, y contestó con una sola palabra: "Reglas".
La situación energética local preocupa. Cae la producción de petróleo y gas, los yacimientos están maduros, las reservas no se renuevan y el consumo crece. El país volverá a ser importador neto de petróleo dentro de dos o tres años, es decir, a comprar, como antes de 1992, más crudo del que vende en el exterior.
Si no se hace exploración de riesgo, si no se invierte, no se descubrirán nuevas cuencas, se agotarán las actuales y el escenario será cada vez peor. Se necesitan, dicen los empresarios, seguridad jurídica, menos impuestos para los trabajos de riesgo y un clima de negocios favorable.
De las 24 cuencas que hay en la Argentina, cinco están explotadas y, por ende, maduras. Una esperanza está en el mar, aunque no es fácil tomar la decisión de arriesgarse por la magnitud de la inversión necesaria. Enarsa y Repsol YPF ya trabajan al respecto y para eso necesitarán importantes desembolsos, tales como los US$ 5000 millones que se iban a invertir bajo las aguas cuando se anunció el supuesto ingreso de 20.000 millones de China en el país.
La referida ley minera, que empezó a principios de los 90, ofrece, básicamente, un blindaje contractual para las compañías: prohíbe, por 30 años, los cambios tributarios, los controles de precios y la injerencia de los gobiernos provinciales en los convenios. Con un esquema similar, razonan las petroleras privadas, volverían los desembolsos de envergadura a la Argentina.
La cuestión consiste, una vez más, en cómo atraer el capital. El Gobierno le propone a la industria, con un proyecto de ley que empezará a discutirse este año en el Congreso, un esquema de incentivos a la exploración de riesgo, que incluye devolución anticipada de IVA, amortización acelerada del impuesto a las ganancias y eliminación de derechos de importación para bienes de capital (por ejemplo, los equipos de exploración que emplean las petroleras).
Pero el juicio del sector privado es implacable: "No alcanza". Y en este rechazo está contemplado un requisito molesto como pocos para la industria: la obligación de asociarse con Enarsa, la estatal creada por el presidente Néstor Kirchner, en porcentajes por definirse en cada negociación particular, si se quiere acceder a los beneficios. En algunas empresas se ha oído una descalificación lapidaria del proyecto: "No conforma ni a Enarsa".
Con todo, este recibimiento, dentro de un sector acostumbrado a arriesgar lo menos posible, no sorprende al Gobierno. Aunque los técnicos de la Secretaría de Energía no pierden las esperanzas. "Siempre van a pedir más. Sobre todo, cuando saben qué es lo que se les ofrece. La actitud es: «Pido, a ver si me dan»", dijeron en un despacho oficial.
Hay analistas que afirman que la solución no debería encontrarse en una medida en particular, sino en la definición, cuanto antes, de un paradigma energético determinado en el escenario actual. Por ejemplo, Fernando Navajas, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), cree que no es el momento de aplicar, como en los 90 o en la época de Arturo Frondizi, políticas completamente agresivas de captación de capital porque el mundo va hoy hacia otra parte.
"Una idea puede no ser aplicable en determinado momento histórico", dice, y da un ejemplo reciente: Bolivia les cobraba a las empresas un 50% de regalías, pero el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada las bajó al 18% y logró captar inversiones por US$ 3500 millones entre 1994 y 1998, casi la mitad del actual PBI boliviano. "Sin embargo, eso -sigue Navajas- no fue sostenible en el tiempo. La sociedad demandó cambios: la nueva ley de hidrocarburos y, ahora, Evo Morales decidieron elevar la carga impositiva."
Comparaciones
Ante cualquier iniciativa estatal, la respuesta petrolera siempre responderá a una minuciosa ecuación. Si, por ejemplo, un gobierno exige una renta muy alta (conocida como government take, lo que se apropia el Estado como dueño del suelo), tendrá éxito sólo si las condiciones geológicas de ese país son atractivas.
Un caso cercano: Venezuela se erige sobre una inmensidad petrolera y por eso su presidente, Hugo Chávez, puede darse el lujo de exigirles a las empresas, tal como hace, un 68% de impuesto a las ganancias (sobre ingresos netos) y un 30% de regalías (sobre ingresos brutos) sin espantar a los inversores. Pero Brasil, que tiene menos holgura geológica, prefiere cobrar, según datos de Barrows Company recopilados por el semanario The Economist, sólo 32% de impuestos y 10% de regalías.
¿Qué ofrece la Argentina? He ahí el núcleo del argumento empresarial para no invertir: cobra un 35% de ganancias, un 12% de regalías y una retención móvil a la exportación que hoy está en el máximo, un 45%.
Ese último tributo, el más irritante para cierto sector, que lo define como un "invento argentino", es la razón, dicen los ejecutivos, para que las casas matrices decidan destinar sus desembolsos a otros lugares del mundo. Y si el barril cuesta, por ejemplo, US$ 60 en el mercado de Texas, el petrolero argentino recibirá por su venta, luego de pagar impuestos, sólo la mitad: algo más de 30.
Juan Rosbaco, director de posgrado de economía del petróleo y el gas del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), agrega una dificultad que vuelve a diferenciar a la Argentina del resto: como ya no quedan aquí grandes compañías estatales ni nacionales, pocas tienen incentivos para explorar. "La empresa pública está para eso, por eso arriesga, y a la privada nacional le queda más cómodo explorar en su país de origen. Pero ¿qué argumento tiene para hacerlo una compañía privada extranjera, si hay lugares más atractivos?", insiste.
"Para lograr exploración nueva hay que bajar el costo del fracaso", contesta Mario Guaragna, director asociado de Strat Consulting y ex subsecretario de Privatizaciones del gobierno de Carlos Menem. Hay quienes entienden esa expresión de un solo modo: pagar impuestos, en la actividad de riesgo, sólo si se encuentra petróleo o gas en esa cuenca.
De este modo, el costo fiscal para el Estado sigue siendo cero: si no hay nada debajo de la tierra, no se habrá perdido un centavo porque ese impuesto no existiría; y si lo hay, en cambio, se contará con un ingreso nuevo para el fisco.
Otros reclamos privados son los precios -hoy bastante alejados, en el gas y en los combustibles líquidos, de los valores internacionales- y los contratos. Guaragna insiste en que si, por esta crisis, se debe importar petróleo, la Argentina deberá pagar mucho más que hoy.
"Es elemental: la escasez en economía significa precios más altos -dice-. No me van a dar el premio Nobel por decirlo."
Y la cuestión de los contratos es también decisiva. Nadie está dispuesto a hacer grandes apuestas si considera que el mundo energético argentino se acaba en 2017, año en que vence la mayor parte de las concesiones.
Se lo pregunta Ariel Casarin, profesor de la cátedra Empresas, Sociedad y Economía del IAE, escuela de negocios de la Universidad Austral. "¿Quién va arriesgarse si no sabe si después de 2017 va operar ese yacimiento? A estas alturas, sin extensiones de plazos toda renegociación para el sector de la producción resultaría más complicada."
La exploración en aguas profundas puede ser una alternativa para la Argentina
Por Francisco Olivera
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